Comisión de Productividad y jornada laboral: “El gobierno nos está pidiendo un análisis económico cuantitativo"

Desde el mismo viernes 13 de septiembre, cuando recibieron la solicitud del Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) activó su agenda para cumplir con el mandato de preparar un informe preliminar sobre los efectos de una reducción de la jornada laboral, hoy de 45 horas semanales.

Este miércoles, de hecho, el consejo de la instancia se reunió para continuar la labor que implicará avanzar en la identificación del impacto de menor cantidad de horas trabajadas sobre el crecimiento de la economía, salarios y empleo.

El plazo, como lo precisa el secretario ejecutivo de la CNP, Alfie Ulloa, es claro e implica que a mediados de noviembre ya evacúen una primera impresión por lo que parte del trabajo ha sido definir a "qué es realista que nos comprometamos" para asegurar la implementación de audiencias públicas.

"Nuestros informes preliminares siempre los hacemos públicos porque eso gatilla reuniones y audiencias, que en este caso igual queremos hacer para que nos permita enriquecer el informe para que el definitivo (que se entregará en cuatro meses) tenga todo lo que el Presidente espera y el país necesita", comentó.

Para ello han comenzado a conformar un equipo de asesores externos: "Los tenemos preliminarmente definidos, estamos buscando gente que tenga experiencia, que ya conozca las bases de dato y que esté disponible, porque esto es algo en lo que hay que desembarcar ahora".

Desafío en la recopilación de datos

El impacto en el crecimiento, en los salarios y en el empleo son las incógnitas que hasta el momento ni los equipos técnicos de los ministerios de Economía, Hacienda y el Trabajo ni el mundo académico han sido capaces de responder con un criterio unificado que alimente la discusión política, por lo que el trabajo que se realizará con la recopilación de datos, es uno de los principales desafíos.

"Hay algunas cosas que se pueden contestar con datos macroeconómicos que son públicos, hay otras cosas que se pueden contestar con datos microeconómicos que están en encuestas -que también son públicas, como la Casen por ejemplo-, pero hay otras bases de datos en las que vamos a necesitar acceso", dijo.

Actualmente, en Chile no existe una política de intercambio de datos a nivel institucional, por lo que la CNP tendrá que establecer convenios especiales para el uso de datos administrativos que hasta el momento no han sido revisados en profundidad.

"Son datos administrativos que tienen un proceso de resguardo por protección a la privacidad y que además tienen un tratamiento propio que requiere un convenio. Esperamos que eso sea expedito", explicó.

Otra de las implicancias importantes a recalcar sobre este mandato, a juicio de Ulloa, es que el gobierno, no les ha solicitado que emitan recomendaciones: "El gobierno nos está pidiendo un análisis económico cuantitativo, no nos está pidiendo recomendaciones como en los otros estudios que hemos hecho".